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La asociación empresarial más representativa del sector de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana, AERTE, ha decidido no acudir esta tarde a la presentación de las nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos que tendrá lugar en la ciudad de Valencia, y a la que habían confirmado su presencia varios miembros de la Junta Directiva, tras las declaraciones realizadas por fuentes vinculadas a la redacción del anteproyecto de la Ley en el diario Levante EMV en las que se indicaba que los únicos que no iban a estar contentos son los empresarios.

“Llevamos mucho tiempo haciendo aportaciones al anteproyecto de Ley aunque prácticamente no se ha aceptado ninguna. No entendemos este rechazo al trabajo que llevamos a cabo las empresas. En los peores momentos de la crisis fuimos un amortiguador para el sistema manteniendo los centros abiertos y los puestos de trabajos a pesar de los continuos impagos de la Administración” ha declarado José María Toro tras participar esta mañana en el encuentro que la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha mantenido con un grupo de asociaciones empresariales esta mañana en Valencia.

El informe DEC 2017 de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales indicaba recientemente el gran déficit de plazas de todo tipo que existe en la Comunidad Valenciana respecto de la media española. Por poner un ejemplo, para alcanzar la media española de plazas residenciales para mayores se debería disponer de unas 13.000 plazas más, es decir, casi un 50% más de las actuales. Pero esta situación se repite en el resto de recursos, en centros de días de personas mayores se necesitan 2.200 plazas más, un 30%. En centros ocupacionales para personas con discapacidad hace falta aumentar un 100% las 4.500 plazas disponibles actualmente y en plazas de residencia para el mismo grupo de personas habría que doblar las 1.500 actuales para llegar a esa media nacional. También hay problemas en la cobertura del servicio de ayuda a domicilio que necesitaría multiplicar por veinte los servicios actuales.

La patronal más representativa del sector, AERTE, lleva advirtiendo a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas desde hace bastante tiempo de esta necesidad de recursos y de la urgencia de ir estableciendo los mecanismos para poder ir resolviendo esta situación de precariedad. Al mismo tiempo, ha ofrecido toda su colaboración, experiencia y recursos para afrontar este reto.

“Estas declaraciones hacen que entidades que quieren venir a invertir a la Comunidad Valenciana, para mejorar y ampliar la red de atención a personas en situación de dependencia, decidan apostar por otras comunidades en vez de la nuestra  lo que provocará que, en un plazo breve, no tengamos plazas para atender a los miles de ciudadanos que lo necesiten. Ahí se producirá un increíble problema social. Por todo ello, pedimos a la Vicepresidenta Oltra que se pronuncie sobre este tema de manera inmediata y cese a la persona que ha hecho esas declaraciones”  indicaba de nuevo Toro.

Las asociaciones patronales más representativas del sector de atención a la dependencia de la  Comunidad Valenciana, LARES-CV y AERTE, han firmado esta mañana junto con la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras del País Valenciano (FSS-CCOO-PV) y la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano (FeSP-UGT-PV), el VIII CONVENIO COLECTIVO LABORAL PARA EL SECTOR PRIVADO DE RESIDENCIAS PARA LA TERCERA EDAD, SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y DESARROLLO DE LA PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA para el periodo 2016-2018.

Aunque el texto se ha mantenido prácticamente idéntico, se han hecho algunas modificaciones para adaptarlo a los distintos cambios legales que se han ido produciendo desde la firma del anterior acuerdo.

Además, se ha incorporado una nueva exposición de motivos que explica las circunstancias y relación que entienden las partes que existe entre el convenio autonómico y el estatal de atención a la dependencia como muestra de la apuesta por la continuidad de la negociación en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

A nivel nacional, la situación del convenio de ámbito estatal sigue estancada sin que se produzcan avances significativos en la negociación y sin un panorama de solución a corto plazo. Era muy importante, por  tanto, dotar de estabilidad al sector en nuestra comunidad autónoma para poder trabajar con total normalidad.

A pesar de que los precios que paga la Generalitat Valenciana en los servicios concertados prácticamente están congelados desde que empezó la crisis y que las tarifas medias de los servicios privados no se han aumentado, se han mejorado las condiciones de las personas que trabajan en el sector por encima de los incrementos que ha tenido el IPC durante estos años como muestra del compromiso por ambas partes de mejorar las retribuciones del sector.

El texto acordado se ha enviado para su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana en fechas próximas.

En la actualidad nos encontramos en varios procesos de reflexión sobre cómo queremos que sea el nuevo modelo de atención a personas dependientes en la Comunidad Valenciana. Se han puesto en marcha, por parte de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, las primeras reuniones para abordar las principales áreas de mejora existentes en el sector de atención a personas mayores, al mismo tiempo se están concretando las propuestas que se aportaron por el sector de atención en salud mental durante los encuentros mantenidos durante el pasado año y, por último, se está haciendo una propuesta por parte de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública para implantar un nuevo modelo de atención farmacéutica en centros sociosanitarios.

Podríamos sacar varias conclusiones de estos procesos. En primer lugar, en todos ellos se ha llamado a participar de una u otra manera a las entidades que forman parte de cada sector lo que, sin duda, es un punto a valorar muy positivamente al Consell.  Pero, a partir de ahí, el resultado no ha sido el mismo en todos. En unos se ha permitido intervenir a partir de que la base esencial del sistema estaba decidida, como en el caso de la atención farmacéutica. En otros, han participado un número excesivo de entidades y con objetivos poco definidos lo que ha complicado la concreción de los resultados, como en salud mental. En un tercer lugar, se ha hecho un procedimiento que se antoja muy corto para la importancia de las decisiones que hay que tomar, como ha pasado en el nuevo modelo residencial de mayores.

Lo que está claro es que siempre es mejor incorporar las propuestas que hace el sector para cambiar cualquier modelo y, más aún, si funciona. Que las organizaciones se impliquen y vean las ventajas del nuevo sistema siempre ayuda al éxito del mismo, de lo contrario acaban colaborando lo mínimo que obliga la normativa en la implantación lo que muchas veces acaba llevando al fracaso de las medidas que se habían propuesto.

La responsabilidad de la Administración Pública es máxima, son ellos los que deciden que se va a hacer y que no, por ello muchas veces hay que mantener la cabeza fría y averiguar dos cuestiones fundamentales, como afirmaba hace poco Aitor Pérez de Gerokon en un artículo de su blog: Qué necesita verdaderamente la gente y qué podemos realmente hacer con los recursos con los que contamos.

Por eso es muy importante tener un conocimiento muy profundo de los aspectos que se van a modificar, hay que visitar centros y servicios, públicos y privados, escuchar a los trabajadores, profesionales  y gerentes pero mejor en su puesto de trabajo que en una mesa de reunión, preguntar porqué se hacen las cosas de una manera y no de otra. Conocer el perfil de las personas que van a recibir el servicio  y sus características concretas. Todo ello, sin prejuicios y con la más amplia de las visiones.

En segundo lugar, hay que tener cuidado con generar expectativas excesivas o que no se podrán poner en marcha con los recursos con los que se cuenta. Hay que ser realistas en todo momento, con ilusión y con el convencimiento de que las cosas estarán mejor después que antes. Ese es el objetivo, que se avance en el nivel de atención que se presta actualmente y que sentemos la base de un modelo que pueda mejorar de manera continua con el tiempo. Ya sabemos que lo mejor, muchas veces, es enemigo de lo bueno…

La responsabilidad de las entidades del sector, con la que deben cumplir, es actuar de manera honesta, clara y realista reflejando las posibles contradicciones que se puedan producir, los recursos necesarios para poner en marcha las medidas propuestas, con su coste de oportunidad correspondiente, pero ofreciendo al mismo tiempo propuestas que permitan el cumplimiento de los objetivos que plantea la administración, aportando la experiencia concreta de su trabajo y el resultado que puede dar apostar por una u otra alternativa. Esta actitud genera confianza entre las partes y permite cooperar de manera adecuada en lo que nos importa a todos, mejorar la vida de las personas a las que atendemos